El Iprodha pagó casi 4 millones de pesos para acceder al acuífero guaraní. Pero las perforaciones no permitieron abastecer de agua a los nuevos barrios.
Hace 20 días comenzaron a construir un acueducto.
Posadas.
Aunque desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) nadie se atreva a admitirlo, las perforaciones que se realizaron para llegar al acuífero guaraní fueron un fracaso y ahora realizan un acueducto para llevar agua desde la planta potabilizadora de Villa Lanús a unas 3.000 viviendas, entre las que ya están listas y las que se construyen en una extensa zona de San Isidro e Itaembé Miní.
El acueducto avanza hace unos 20 días en dos frentes. El caño de unos 50 centímetros de diámetro ya fue colocado a lo largo de la avenida Cocomarola y ahora se trabaja junto a la avenida Cabo de Hornos. Otro frente de obra pasa detrás del barrio A-4 de relocalizados por la Entidad Binacional Yacyretá.
“Lo que nadie quiere admitir es que las perforaciones fracasaron; y ahora están trabajando a toda máquina con la presión electoral”, explicó José Luis Osorio, preadjudicatario que denunció ante la Justicia al presidente del Instituto, Santiago Ros, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público como consecuencia de la demora en la entrega de las viviendas.
Inútil y millonaria.
Inútil y millonaria.
Por las dos perforaciones se pagaron cerca de cuatro millones de pesos, pero no permiten abastecer de agua a los nuevos barrios. Lo admitió el mismo Ros cuando, ante el creciente descontento de los preadjudicatarios, salió a explicar que las viviendas no se entregaban porque no tenían garantizada la provisión de agua.
No es nuevo que el Iprodha construye barrios de viviendas en lugares donde no están garantizados los servicios básicos, pero esta vez, además, se realizó una obra tan costosa como ineficaz. La licitación de las obras de perforación fue publicada en julio de 2005 en el boletín oficial con un presupuesto de 3.800.000 y un plazo de ejecución de 240 días corridos. Según explicó Ros en esa oportunidad, el objetivo era realizar dos perforaciones para llegar al acuífero guaraní con la finalidad de abastecer de agua potable los barrios del sur de Posadas.
“Ahorraremos en inversiones muy importantes, por lo que hemos optado por esta solución que es la más económica y más rápida de resolver”, había anunciado.
Pero las dos perforaciones para la solución “económica” fueron licitadas por casi 4 millones de pesos, mientras que la perforación que impulsó el Iprodha en Cerro Azul para extraer agua del acuífero costó 700 mil pesos. Tampoco resultó tan “rápida”, ya que, con un plazo de ejecución de ocho meses, a dos años de la licitación, más de 1000 viviendas listas todavía no fueron entregadas.
Los trabajos de perforación finalizaron y también la construcción del tanque de provisión de agua contiguo. Sin embargo, no hay agua en las casas. La explicación pública de Ros, fue que faltaban dos bombas impulsoras.
Pero en la actualidad no hay signos de trabajo en la perforación, ubicada a la derecha de la entrada al autódromo, en la intersección de la avenida 186 y la ruta 213, en medio de un mar de viviendas que se pierde en el horizonte. Hacia el Oeste de la avenida 213 se extienden las casas construidas por el Iprodha; hacia el Este, otras 1400 viviendas también construidas a través del Iprodha pero con fondos de la Entidad Binacional Yacyretá para relocalizados.
Un papelón más
El fracaso de la perforación del acuífero guaraní se suma a la sucesión de desaciertos que mantiene a más de 1000 familias esperando sus viviendas hace más de un año. La denuncia de Osorio fue el puntapié inicial de las reuniones periódicas que mantienen los preadjudicatarios que esperan una casa, ahogados entre el peso del alquiler y el pago de las cuotas. Finalmente el Iprodha anunció que se suspendía el cobro de las cuotas hasta que se efectivice la adjudicación.El dato 3.800.000 de pesos fue el presupuesto oficial con que se licitaron las obras de perforación para llegar al acuífero guaraní, según lo publicado en julio de 2005 en el boletín oficial. El plazo de ejecución era de 240 días.
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